El mapa audiovisual se reordenará en 2010

El Gobierno apostará por una reordenación del mapa audiovisual en 2010. Ante el aluvión de cadenas de ámbito nacional, regional y local que se estima que estén operativas en TDT, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Ejecutivo aboga por «un escenario audiovisual moderno, un sector que venda calidad y en el que se den las condiciones para el salto al futuro que posibilitan las nuevas tecnologías». A su vez, el Ejecutivo pretende que la ley «asegure el respeto de los derechos de los ciudadanos e introduzca equilibrio en el sector audiovisual», de manera que se «cierre el mapa digital» y se reordene con el máximo acuerdo posible.De la Vega, que inauguró el seminario ‘Las nuevas fronteras de la televisión: formatos y contenidos que vienen’ dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, respondía así a la reclamación del presidente de las televisiones comerciales y de Telecinco, Alejandro Echevarría, quien en este mismo foro pidió medidas radicales al Gobierno ante el sombrío panorama que se presentaría ante el ‘apagón analógico’, por la multiplicidad de canales y operadores piratas en el tránsito a la TDT.

Respecto a la aspiración de las privadas de eliminar la publicidad en las televisiones públicas, la vicepresidenta recordó el compromiso de que se rebaje gradualmente hasta tres minutos a la hora, pero no de eliminar la publicidad comercial. De la Vega se postuló, además, a favor de que las televisiones autonómicas sigan el «modelo de ajuste» económico, de «responsabilidad social e independencia» de TVE. Para ello anunció su intención de que haya una serie de «aproximaciones» para conseguir que todas las televisiones públicas sigan a la televisión estatal en un futuro.

Se trataría de una apuesta por «criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad». Y es que, según opinó la Vicepresidenta, «España hoy cuenta con una radiotelevisión pública estatal desgubernamentalizada, que se rige por patrones comerciales y de servicio público».

Por otra parte, Fernández De la Vega anunció que el Gobierno pretende crear un Consejo Regulador de Medios para «garantizar que la ley se cumpla». Esta autoridad reguladora independiente tendría competencias para otorgar licencias y se encargaría de velar por el cumplimiento de las obligaciones de las televisiones y aplicar sentencias si se vulneran las normas. Además, serviría para integrar a España en el ‘mapa europeo’, ya que es uno de los pocos países del continente que carece de un órgano independiente encargado de supervisar el sector.

De la Vega mantuvo que la medida del Ejecutivo «no se trata de una norma restrictiva, sino de una ley de salvaguarda de los derechos y libertades constitucionales» a la que el Gobierno pretende llegar con el consenso de todo el sector televisivo.

Desde el Gobierno se pretende fomentar «la reflexión y el espíritu crítico» entre todas las cadenas, ya que existe «una serie de elementos inquietantes» como «la creciente monopolización del medio por parte de grandes grupos mundiales, o la precarización o el deterioro en el desempeño de la profesión periodística». Así también cuestiones tan importantes que están en juego como son «la calidad, la pluralidad, la solvencia de un medio cuya influencia en la sociedad es hoy tan indiscutible como su hegemonía». Además, el Ejecutivo pretende llegar a un acuerdo con todo el sector para hacer «viable» la anunciada Ley General Audiovisual, que el Gobierno quiere poner en marcha el próximo año en un paso más para reordenar el medio.

El Ejecutivo, a través de De la Vega, se mostró convencido de que «con trabajo y confianza se superarán las dificultades económicas» y afirmó que los medios públicos deben predicar con el ejemplo, como lo están haciendo ya, aunque también pidió la colaboración de las cadenas privadas porque «más allá de su carácter de concesionarias de un servicio público, tienen una clara responsabilidad ante la sociedad». Este sentido de responsabilidad ha calado en algunas iniciativas solidarias de los canales privados, como en 12 meses, 12 causas de Telecinco, ya con ocho años de vida, o el canal de la Fundación Antena 3 Fan 3, dirigido a niños enfermos.

La Vicepresidenta anunció, además, una restricción del 30% de la publicidad institucional, haciendo oídos sordos a aquellas cadenas privadas que quieren la completa eliminación de anuncios en la cadena pública estatal, por considerarlo «competencia desleal».

De la Vega, justificó el mayor porcentaje de anuncios del año pasado, al referirse a la entrada en vigor de medidas que requerían mucha información como en casos como la puesta en marcha de campañas para luchar contra la violencia de género, sobre la ley de dependencia y de vivienda y la promoción de la Expo de Zaragoza.

Según afirmó, la nueva política de publicidad es la de «no utilizar anuncios a no ser que sea para hacer información»

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